Dentro de un total de $549.000 millones que Estraval debe cancelar por reclamaciones hechas de personas naturales y jurídicas, luego de su liquidación judicial, no entrarían los más de $19.600 millones pertenecientes a un contrato suscrito con el Banco Agrario de Colombia por la compra de 5.359 libranzas. Por lo que, según la Contraloría General, el Estado padece un detrimento patrimonial por este valor.

Durante el proceso de liquidación de la firma, el Banagrario intentó ser reconocido como acreedor de Estraval y también como afectado; sin embargo, no fue reconocido como tal, por lo que ese dinero no podría recuperarse.

Según un documento del ente de control, tras la compra de las libranzas, originadas por varias cooperativas, el Banco le otorgó a la firma funciones como la administración, el cobro y recaudo de dicha cartera.

En la auditoría se evidenció que el Banco no cumplió con su Manual de Políticas de Crédito, el cual exige que “el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de tres años en la originación de libranzas”, entre otros temas, que, además, iban en contra de las disposiciones de la Superfinanciera, en cuanto a que, quien compra la cartera debe “conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos”.

De igual forma, no se pudo establecer que el Banco Agrario tuviera pleno conocimiento acerca de los procedimientos, políticas y trayectoria de Estraval en la administración, seguimiento, recaudo y transferencia de recursos provenientes de la cartera vendida, de lo contrario se hubieran podido identificar los riesgos adicionales en la operación.

De acuerdo con Guillermo Cáez, socio de Cáez, Gómez & Alcalde, de no se ser reconocido, “se podría intentar poner una tutela si fue de forma irregular”, así, “el juez de tutela ordenaría la inclusión del Banagraio como afectado, si y solo si, hubo alguna irregularidad en el proceso”.

“Si hubo advertencias previas a celebrar el negocio jurídico y su representante legal lo hizo, se debe iniciar un proceso de responsabilidad por administradores en contra del representante legal y la junta directiva que aprobó el negocio pese a las advertencias”, agregó el experto.

Cabe mencionar que la diferencia entre los acreedores y los afectados tiene que ver con que el primero busca que se le pague lo que exige, mientras que al afectado se le fija un monto para compensar algo del daño causado.

Tras su liquidación en agosto del año pasado, Estraval tiene reclamaciones por más de $549.000 millones y solo $41.449 millones de activos, por lo que si se reconoce al Banco existiría también un problema de liquidez.

Teniendo en cuenta los registros, la firma financiera dejó de realizar las transferencias de los recursos al Banagrario en marzo de 2016, dos meses antes de entrar en liquidación y tres antes de que el banco estatal decidiera revocar el mandato de administración, cobro y recaudo de cartera.

LOS CONTRASTES

  • GUILLERMO CÁEZSOCIO DE CÁEZ GÓMEZ & ALCALDE

    “Si hubo advertencias previas a celebrar el negocio y su representante legal lo hizo, se debe iniciar un proceso de responsabilidad en contra de él y de la junta directiva que aprobó el negocio pese a esto”.

Según varios expertos consultados, no es claro que el dinero ya se haya perdido, pero va a ser difícil recuperarlo, aunque existen recursos jurídicos que podrían compensar en algo el detrimento.

Además, también se puede buscar que quienes aprobaron el negocio compensen económicamente al Banco por la pérdida y los daños que causaron.

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